Como tema capital que
es, la educación debería estar por encima de la política; pero no
lo está, y esta relación perjudica notablemente a la más sublime,
que no preciso resaltar cuál es. Las contrariedades que sufre hoy la
enseñanza no tienen que ver únicamente con la ratio, ni con las
instalaciones, ni siquiera con la financiación, temas recurrentes
para mítines y promesas electorales, sino con el desprestigio de la
administración ante los docentes y de los docentes ante la sociedad.
Desde 1970, las leyes de
educación que hemos tenido en España han sido las siguientes: LGE,
1970; LOECE, 1980; LODE, 1985; LOGSE, 1990; LOPEG, 1995; LOCE. 2002;
LOE, 2006 y, ahora, la LOMCE, 2013. Sin embargo en Finlandia, que
parece ser el paradigma del buen hacer en este terreno, existe desde
hace tiempo un gran pacto por la educación, para que las veleidades
ideológicas y personales no influyan en el sistema; se revisan los
currículos, sí, cada diez años, pero es impensable imponer una ley
sin consenso, saber que va a ser derogada en un par de años y, aún
así, implantarla.
Quienes dicen ser
nuestros representantes en la carrera de San Jerónimo discuten sobre
la edad del consentimiento sexual, mientras sigue pudiéndose
interrumpir un embarazo a los dieciséis y en la mayoría de los
institutos, sobre todo en Andalucía, los alumnos de estas edades no
pueden salir en los recreos a comprar un bocadillo, porque los
centros están cerrados a cal y canto, sin cafetería ni sala de
estar, convivir o descansar: Véase Finlandia, donde los centros
están abiertos y, además de pretender enseñar, se educa con la
convivencia real y no artificiosa de pasillos estrechos y aulas sin
calefacción; pero los finlandeses hacen responsables de sus actos a
quienes los realizan y no culpan a los profesores de todos los
problemas de sus hijos, los directores responden únicamente de la
gestión del centro, no de que un adolescente se escape y cometa
alguna fechoría porque, principalmente, escaparse no se conjuga por
las familias ni por los hijos, ya que solo puede escaparse de donde
se está encerrado.
La
sociedad respeta al profesorado, que posee una alta cualificación y
recibe un buen sueldo. A lo mejor, si en nuestro país un profesor
ganase más que un frutero, algunos de sus clientes le valorarían
más; a lo mejor, si no existiesen los “sálvames”, sería más
fácil inculcar a un adolescente la idea de que para triunfar hay que
esforzarse.
No
se trata de más horas de clase, allí tienen menos; ni de más
especialistas, allí tienen un mismo maestro en los primeros años;
pero sí se trata de destinar un 6,8 % del PIB a la educación y de
que, por tanto, la gran mayoría de los centros sean públicos.
Estamos
lejos pero, para empezar a andar, hay que exigir un gran acuerdo, un
respeto del docente y una educación también para las familias. Para
educar, todos somos necesarios.
(HuelvaYa.es, 25/01/2015)
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